En el aire los ocho millones pactados con el Estado para agua agrícola
A los recelos del Gobierno canario por los retrasos e incumplimientos en la firma de los convenios pendientes de firmar con el Estado -carreteras, infraestructuras educativas, lucha contra la pobreza-, se suma ahora la preocupación por la posibilidad de que se pierdan los ocho millones de la subvención recogida en los Presupuestos de 2018 para reducir el sobrecoste del agua de riego de uso agrícola -tanto la elevada desde pozos como la producida en las plantas desaladoras- en el archipiélago.
La diputada de CC en el Congreso, Ana Oramas, presentó ayer en el registro de la Cámara una pregunta escrita para conocer qué gestiones ha realizado o piensa realizar el Ejecutivo central para dar cumplimiento al compromiso adquirido con el Gobierno de Canarias. «En los Presupuestos de 2017 ya se consignó una partida de seis millones y en 2018 se aumentó a ocho millones», señala la parlamentaria nacionalista, «pero a estas alturas, el Estado aún no ha transferido los recursos a Canarias y si no se ejecutan antes de que acabe el año, se perderán», añade.
La negativa inicial del anterior Gobierno del PP a incluir la subvención a la potabilización de agua para uso agrícola entre las compensaciones del nuevo REF económico, en vigor desde noviembre, estuvo a punto de romper la negociación y dio lugar a un plante de CC y NC, que amenazaron con levantarse de la mesa si se vulneraba un derecho adquirido cuya continuidad defendieron como innegociable. Ya durante la fase de comisión y con el PSOE recién aterrizado en el Gobierno tras la moción de censura, el grupo popular apoyó la enmienda nacionalista y la subvención se incorporó por unanimidad a la ley de aspectos económicos.
Ahora, el escollo para que Canarias reciba los ocho millones de euros presupuestados para compensar el sobrecoste del agua de riego -una ayuda que afecta especialmente a las islas de la provincia occidental- estriba básicamente en un problema administrativo interministerial. En las cuentas estatales de 2017 los seis millones pactados entonces aparecían consignados como una partida del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, pero al cambiar el Gobierno, parte de sus competencias pasaron al Ministerio de Transición Ecológica de nueva creación, entre ellas la de aguas.
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