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La UE condena a España por el retraso de los planes hidrológicos de Canarias

Los documentos fueron aprobados tres años más tarde de lo que dispone la normativa comunitaria

El Gobierno regional asumió las competencias que los cabildos no ejecutaron

El retraso en la revisión de los planes hidrológicos de las siete islas ha costado a España una condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha desatendido las alegaciones con las que el Gobierno trataba de evitar una sanción que, dada la demora de en torno a tres años que ha experimentado la actualización de estos documentos, parecía poco menos que inevitable.

En una sentencia fechada ayer, el TJUE recuerda que los planes hidrológicos de segundo ciclo debían haber estado concluidos en diciembre de 2015. Transcurridos diez meses desde el vencimiento del plazo, la Comisión Europea envió un dictamen a España en el que pedía que adoptara las medidas necesarias para cumplir la normativa comunitaria. El Gobierno central ya había acordado con el de Canarias una «hoja de ruta» que, sin embargo, no cristalizó en la aprobación definitiva de los planes hasta un periodo comprendido entre el 17 de septiembre de 2018 y el 21 de enero de 2019, alrededor de tres años después de lo establecido por la norma.

La sentencia de la Justicia comunitaria afecta al Reino de España -pues las relaciones en el seno de las instituciones europeas se establecen con los estados miembros-, pero la responsabilidad última corresponde a las administraciones canarias. Aunque en los últimos años ha sido el Gobierno regional el que ha desarrollado la tramitación de los planes hidrológicos de las siete islas, en realidad la competencia era de los cabildos. De hecho, el Ejecutivo asumió estas atribuciones a mediados de 2017 -con carácter temporal- ante la incapacidad de las corporaciones insulares para ejecutarlas.

Poco más de un año después de la asunción de las competencias por el Gobierno llegaron las primeras aprobaciones de los planes. En septiembre de 2018 se dio luz verde al de La Gomera. Siguieron, entre noviembre y diciembre, los de La Palma, Tenerife, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote, hasta concluir, en enero de 2019, con el de Gran Canaria.

De forma paralela a este proceso, la representación de España ha alegado ante la Comisión Europea, en primer lugar, la «hoja de ruta» pactada en enero de 2017 entre las administraciones central y canaria, que preveía la realización de informes trimestrales de seguimiento y evolución, así como los esfuerzos realizados por el Gobierno regional para actualizar los planes. El Ejecutivo comunitario remitió al español un nuevo dictamen en octubre en el que le daba un plazo de dos meses para tomar medidas que condujeran al cumplimiento de la normativa europea. La respuesta de España fue que el Gobierno de Canarias preveía que los planes estuvieran aprobados de manera definitiva en septiembre de 2018.

Pero la Comisión no esperó tanto. En marzo de 2018, transcurrido el plazo que había dado a España, interpuso el recurso ante el TJUE, finalmente atendido por el órgano jurisdiccional encargado de vigilar el cumplimiento de la legislación comunitaria. El tribunal desestima así los argumentos del Gobierno español, que adujo, entre otras cosas, que los planes hidrológicos de cuenca no fueron aprobados en Canarias hasta 2015 -cuando debían haberlo estado, «a más tardar», el 22 de diciembre de 2009-, por lo que la Comisión Europea debía haberle marcado un plazo «razonable» para actualizarlos.

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