La gestión política del agua, principal responsable de la sequía

A principios de junio el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto con medidas urgentes para paliar la sequía provocada por el bajo nivel de agua disponible. El descenso de lluvias durante la temporada primaveral se ha situado un 23% por debajo de la media, siendo especialmente seco el mes de abril con una caída del 60%. Esto nos sitúa ante la primavera más seca desde 1965, según la Agencia Estatal de Meteorología. Las medidas contempladas en el decreto implantan la sequía en tres cuencas hidrográficas –Júcar, Segura y Duero-, así como la moratoria en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, la condonación del canon y la tarifa correspondientes al año 2017 o créditos presupuestarios para paliar el descenso de ingresos en las confederaciones hidrográficas. Junto a las disposiciones dirigidas a agricultores y ganaderos, el Real Decreto establece el aumento del canon a las eléctricas por producción de energía hidráulica; y permite la compraventa de derechos del agua eliminando las restricciones impuestas hasta la fecha.

En circunstancias normales la declaración de sequía vendría acompañada de una restricción en consumo del agua por parte de los grandes acaparadores de este recurso, amén de echar mano de las reservas acumuladas en los embalses a lo largo del año. No sucede así en España. A pesar de contar con el mayor número de embalses por superficie y población del mundo –en términos generales, España ocupa el quinto lugar por detrás de China, Estados Unidos, India y Japón-, el nivel de reserva hídrica se encuentra 16 puntos por debajo del volumen de agua acumulada por estas fechas el año pasado.

“De cada diez litros de agua que se van para el regadío sólo vuelve uno al río”

Tanto organizaciones ecologistas como la oposición política señalan la absoluta preponderancia del regadío (con la connivencia del Ejecutivo y las comunidades autónomas) como el principal causante de la ínfima cantidad de agua embalsada. Según la última encuesta del INE (2015) sobre el uso del agua por sectores, el regadío acapara el 84’3% del agua de España, mientras que el abastecimiento a la población y el consumo industrial ocupan el 15’7% restante.

Si tenemos en cuenta los retornos a través de las redes de suministro, Ecologistas en Acción eleva la cifra de consumo de agua del regadío al 90%: “De cada diez litros de agua que se van para el regadío sólo vuelve uno al río, mientras que en el agua para el abastecimiento humano vuelven ocho de cada diez. Tenemos que pensar que los consumos por habitante se han reducido en las últimas décadas. Madrid en 1991 consumió 600 hectómetros cúbicos, con cuatro millones y medio de habitantes. Actualmente ha aumentado la población a seis millones y medio y consume menos de 500. Ha caído el consumo más de un 30% por habitante y estamos viendo situaciones impensables hace veinte años, como disputas por quién se queda las aguas residuales de Madrid para usarlas en riego. Parece ‘Mad Max’, pero es la realidad”, subraya el responsable de aguas de la organización Santiago Martín.

En su último informe sobre los efectos del cambio climático en nuestro país, Ecologistas en Acción alarmaba sobre la pérdida del 20% del agua disponible en los últimos veinticinco años. Una de las principales causas reside en la sobreexplotación de los acuíferos por parte de los regantes. Especialmente preocupante es la situación de Doñana, en cuyo entorno se encuentran 3.000 hectáreas ilegales de regadío que han reducido los humedales en un 80% y en más del 90% el volumen de lagunas estacionales poco profundas. Estas cifras publicadas por World Wide Foundation en su campaña Salva Doñana, se suman al medio millón de pozos ilegales que la propia organización calcula que existen en España. Según fuentes del Ministerio de Agricultura consultadas por este diario, la cifra se elevaría a más de un millón de pozos “aunque no se dan las cifras oficiales para no alarmar a la población”.