Un debate necesario para un país complejo I. La planificación hidrológica
Un artículo de José María Santafé
El presente post pretende ser el primero de una serie de varios que pretenden poner sobre la mesa algunos de los temas que configuran cuestiones relevantes en relación con la necesidad de nuevas orientaciones en la política del agua. Van desde viejas cuestiones que presentan signos de agotamiento hasta nuevos problemas para los que el modelo imperante o no da soluciones o éstas son claramente insuficientes. Los temas que aquí se presentan como líneas para un debate necesario no son todos pero si, probablemente, los que constituyen elementos centrales del mismo.
El último cambio administrativo en España (hasta ahora) ha significado una reordenación estructural de las políticas de medio ambiente que han pasado de un discurso centrado en la conservación del medio a otro en el que el acento se coloca sobre el desarrollo sostenible y la ordenación de todos los elementos que sobre él influyen. Este cambio de óptica debe llevar aparejada una revisión en profundidad de los paradigmas que conforman los distintos sectores y que deberán traducirse en realidades para la acción y, en el caso que nos ocupa, del agua.
No nos engañemos, el cambio climático puede ser el detonante que mueva a la adopción de determinadas políticas, incluso puede condicionarlas en un movimiento gatopardesco, pero lo que resulta trascendente es la necesidad de llevar a cabo acciones que modifiquen las bases de un modelo de gestión del agua que no da más de sí, que presenta contradicciones evidentes entre las diferentes partes y sobre todo que disponer unos instrumentos que hagan posible la ejecución de esas acciones.
El agua constituye una parte muy importante en las políticas de medio ambiente tanto por su esencia de elemento vital como por su fuerte carácter polisémico. El actual paradigma que configura esa política ha ido evolucionando en el tiempo, pasando de considerar al agua como un elemento unifuncional, suficiente en sí misma, para írsele añadiendo en el análisis, pero sin desvirtuar sus puntos de partida, sus interacciones con otros elementos del tablero y así hemos pasado de hablar de binomios, trinomios, de cualquier tipo de polinomios. Pero eso es una forma de hacerse trampas al solitario eludiendo el hablar de un tratamiento integral que solamente tiene una salida lógica: el cambio de modelo de gestión, lo que requiere uno o varios debates en profundidad sobre lo que se quiere, para que se quiere y de qué manera la sociedad debe de implicarse en esa gestión.
Mi impresión es que, a pesar de algunas iniciativas, que tienen carácter episódico y algo epidérmico y tratan más bien de reformular la situación actual[1] aunque manteniendo los principios que informan el modelo y las posiciones de privilegio que conllevan, ese debate global y en profundidad, en lo que se refiere al papel que en el proceso de transición ecológica el agua tiene que desempeñar, tanto como sujeto activo (influyendo en) o pasivo (siendo influido por), no se está produciendo ni están apareciendo núcleos activos que puedan catalizar el mismo. Esta falta de debate quizá se deba la pérdida de peso específico del agua en las agendas políticas y en las inversiones públicas pero creo que en buena medida se debe a la situación de “desgobierno hidráulico”[2] a lo que no han sido ajenos los sucesivos cambios de ubicación administrativa de los temas del agua que se han sucedido en los últimos tiempos con la consiguiente pérdida de objetivos y sobre todo de visión a largo plazo.
Es en el ámbito de la economía, y por los economistas, donde se está centrando el debate. No tanto – o quizá si – por los viejos planteamientos sobre gestión pública y gestión privada, sino por la emergencia de lo que se denomina “ciclo urbano del agua”, que presenta una amplia autonomía funcional y que puede permitir amplias posibilidades de negocio con un funcionamiento diferenciado. Pero en el fondo tampoco hay en este caso un cuestionamiento radical del modelo existente sino análisis de su evolución parcial hacia posiciones marcadamente economicistas.
Aunque las situaciones no son homologables, contrasta la actual con el intenso debate social y político (incluso intra e interadministrativo) que se produjo con ocasión de la Ley de Aguas de 1985 y, sobre todo, con el de la década de los 90 del siglo pasado y primeros años de éste en relación con un posible cambio de paradigma sobre la gestión del agua, aunque estuviera focalizado en la cuestión de los trasvases, y que finalmente desembocó en un reacomodo de los principales agentes (antiguos y nuevos) sobre un marco muy similar al de partida y, en cualquier caso, sin modificar sensiblemente las bases doctrinales del modelo[3].
Sin embargo el debate en torno al agua, independientemente de su adscripción funcional administrativa, debe producirse porque son cada vez más evidentes los signos de tensión entre el medio natural y el político-administrativo: sequías cada vez recurrentes, avenidas e inundaciones y un modelo económico ligado al agua y a sus usos cada vez más frágil sin hablar de la dimensión ética y social. Hay muchos puntos a debatir que, aunque metodológicamente los que aquí se plantean se conciben de manera independiente, todos ellos se encuentran interrelacionados y los resultados deberán integrarse en un todo. Un cambio de paradigma no es solo un cambio de ideas es, sobre todo, un cambio social. Los temas que aquí se presentan como líneas para un debate necesario no son todos pero si, probablemente, los que constituyen elementos centrales del mismo.