Los 3 retos de la economía del ciclo urbano del agua en España
De acuerdo con Melgarejo y López (2016), se traza en las siguientes líneas una revisión del paradigma actual en cuanto a modelos de gestión del agua y la economía de su ciclo urbano, que concibe al recurso como básico para la vida humana y de valor estratégico para el desarrollo económico, por lo que debe ser gestionado como un bien económico escaso y de creciente valor.
Desde estas consideraciones, la política de gestión del agua debe jugar un papel instrumental, orientado a la provisión de un conjunto de servicios que bien son esenciales para la vida o bien tienen un carácter estratégico para la economía. En términos generales, el objetivo de la gestión hídrica debe consistir en hacer compatible el crecimiento económico y la mejora del bienestar de la sociedad con la reducción de la escasez y, en consecuencia, con la protección del medio hídrico. Este objetivo obliga a quiénes se enfrentan a la gestión de este recurso natural a considerarlo como un activo económico, con profundas implicaciones sociales y ambientales.
La gestión eficiente del agua exige la coordinación de las políticas agrícola, urbanística, industrial, energética…, de modo que la política del agua debería ser un eje transversal de coordinación de todas las actividades económicas que tengan un impacto potencial sobre la calidad del recurso. Por ello, además de resolver de una manera sostenible el dilema entre conservación y uso del recurso hídrico, la gestión del agua, antes o después, deberá tener como objetivo añadido la coordinación sectorial y territorial, asignando la oferta disponible a los diversos usos en conflicto.
En relación con el ámbito legislativo, a medida que el agua se ha percibido como un recurso cada vez más escaso tanto cuantitativa como cualitativamente, y vulnerable a amenazas como la contaminación, la sequía, la sobreexplotación o la ineficiente gestión de los recursos, los poderes públicos han ido estableciendo nuevos mecanismos de intervención con la finalidad de que su uso resulte más sostenible. Con la adopción de la Directiva Marco sobre Aguas (DMA), el principio de recuperación de costes supone de facto el fin de una política de subsidios en el ciclo integral del agua que se ha venido aplicando en numerosas ocasiones.
Existe un amplio consenso mundial que evidencia una creciente concienciación sobre la escasez de recursos hídricos y la importancia de la gestión integral del ciclo del agua
La DMA establece asimismo que los Estados miembros deben proveer medidas que aseguren que los precios del agua incorporen incentivos económicos para promover un uso eficiente y que los diferentes usos contribuyan de manera adecuada a la recuperación del coste de los servicios; sin embargo, no establece la obligatoriedad de la recuperación total de los costes de los servicios, pero insiste especialmente en que haya transparencia en los costes e ingresos, que la información sea clara y esté disponible públicamente, de modo que exista un incentivo económico claro que prevenga la contaminación y estimule un uso eficiente del recurso.
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