Los presupuestos reducen los fondos en gestión y calidad del agua un 14%

El Economista

Los Presupuestos Generales del Estado incluyen una reducción del 14 por ciento en los fondos destinados a la gestión y la calidad del agua, algo que contraviene la política declarada de mejorar la situación del país en la materia.

España no cumple la normativa europea de depuración de aguas residuales urbanas -la Directiva 91/271/CEE- y sufre sanciones crecientes hasta que la cumpla; las previsiones del Ministerio de Agricultura es que lleguen a sumar 100 millones de euros.

El 6 de junio del año pasado el Gobierno lanzó el Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia (Plan Crece). Aquel día se anunció un nuevo modelo de colaboración público-privada que permitiría movilizar 1.000 millones para construir 400 nuevas depuradoras. La clave de bóveda del Plan es la inyección de 700 millones provenientes del europeo Fondo de Desarrollo Rural (Feder) para el período 2014-2020.

Cuando, poco después, en septiembre, se presentaron los Presupuestos Generales del Estado, Cristóbal Montoro destacó que el Gobierno quería apostar por mejorar la depuración. El año pasado, las partidas de gestión y calidad del agua crecieron un 3,1 por ciento, desde los 1.587 millones hasta los 1.637 millones.

La depuración baja un 55,8%

Sin embargo, esa apuesta no parece tener el mismo empuje ni la misma continuidad este año: las partidas correspondientes a gestión y calidad de las aguas han descendido un 14 por ciento en los Presupuestos, hasta 1.408 millones. Es más, la partida de calidad de las aguas, correspondiente específicamente al saneamiento y la depuración, ha experimentado una reducción del 55,8 por ciento, desde los 494,7 millones del año pasado hasta los 218,3 millones que registra este.

Comparando la evolución de las partidas en gestión y calidad de las aguas durante la última década, se aprecia con claridad cuánto se han visto afectadas por la crisis y el enorme bajonazo que registran a partir del año 2011.

Inventario de actuaciones

Durante estos años, el Gobierno se ha centrado en poner orden en la Planificación Hidrológica, prácticamente abandonada durante la época de Zapatero, y en hacer un inventario de las necesidades del país en depuración para cumplir con la UE y detener las multas.

Para ello hace falta invertir un total de 1.078 millones, repartidos en una escala con tres prioridades. La primera exige 130 millones, la segunda 101 millones y la tercera 847 millones. Andalucía, con diferencia, es el territorio en peor estado.

Aunque el Plan Crece siga su curso, a medida que la UE vaya librando los fondos correspondientes del Feder, no cabe duda de que el descenso de inversión pasará factura al cumplimento de objetivos.

En la actualidad en España hay un parque de unas 2.500 depuradoras, que consiguen tratar adecuadamente casi el 85 por ciento de las aguas residuales, aunque ese porcentaje varía considerablemente de unas regiones a otras.

Multa anual mínima de 10 millones

La Comisión Europea ha abierto a España tres procedimientos sancionadores por incumplir la normativa de depuración de aguas residuales urbanas. Uno ya cuenta con sentencia firme del Tribunal de Justicia Europeo desde 2011; la multa impuesta, creciente hasta que se cumpla, tiene una parte fija, de 7,4 millones de euros anuales, y otra parte variable, de 3 a 186 millones al año. Por lo tanto, sólo por esta sentencia, ya tendremos que pagar, con total seguridad, un mínimo de 40 millones. En noviembre entró otro de los procedimientos en el Tribunal y se da por sentado que también acabará en sanción, porque no dará tiempo a cumplir antes de que fallen los jueces.

Fuente: el Economista




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