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Las guerras del agua en España, una historia de nunca acabar

logo_cabeceraPoca e hiperregulada, ausencia de un supervisor único, sobreexplotación agrícola y energética, contaminación, disputadas interterritoriales y falta de solidaridad entre autonomías. Imposible desligar la historia del agua en España de los conflictos políticos y sociales derivados de su uso.

“El whisky es para beber, el agua para luchar por ella”.  La frase, atribuida por error a Mark Twain, describe cristalino el panorama del suministro y disfrute del agua en España, una realidad que se ha ganado el adjetivo de “hidroesquizofrénica” por parte de Ramón Llamas, catedrático emérito de Hidrología y director honorario del Observatorio del Agua de la Fundación Botín, para quien además está fuera de duda que “el agua se ha convertido en un arma política para ganar votos”.

“Desde la más remota antigüedad, la gestión del agua es la gestión de conflictos”, resume en una idea fuerza Gonzalo Delacámara, asesor de la Comisión Europea en la materia e impulsor del Foro de la Economía del Agua, cuando es preguntado por la maldición española.

Apenas cinco o seis conflictos armados por agua han goteado el siglo XX. Poca cosa para la centuria más sangrienta de la historia. En el mismo tiempo, sin embargo, se firmaron más de cien convenios de colaboración para la gestión de cuencas compartidas entre Estados que funcionaron incluso en periodos bélicos.

Pareciera que el agua es mucho más un factor de cooperación que de confrontación. La historia ha demostrado, sin embargo, que las guerras del agua se libran sin armas. Y más en España. “El asunto es poliédrico, con un sentido político además que no responde a la realidad”, contextualiza Ramón Llamas. “Un arma arrojadiza en cultura política”, define Abel La Calle, director de la Fundación Nueva Cultura del Agua. “Un problema gordo cuando una discusión que debería ser técnica se coloca siempre en un plano político”, critica Víctor Viñuales, director ejecutivo de Ecodes.

Los conflictos del agua tienen mucho de realidad pero también de oportunismo político, le respalda el profesor Abel de La Calle. “Los políticos autonómicos sobrevaloran la importancia del agua para el progreso y bienestar de sus respectivas regiones”, sostiene en su favor Ramón Llamas.  “El agua es un elemento necesario para un país pero no clave”, dice,  y, para demostrarlo, compara el desarrollo de provincias húmedas y secas: “Galicia y Murcia”.

España es el país con mayor estrés hídrico de la Unión Europea y, para más inri, cuenta con unas infraestructuras infrautilizadas y obsoletas. “Hay poca agua y está hiperregulada”, esboza Gonzalo Delacámara.  “Sobra, pero la gestionamos mal”, matiza en tono molesto Ramón Llamas. Con hasta seis niveles de la Administración trabajando a la vez y más de 8.000 ayuntamientos “cada uno por su cuenta”, se confirma la hidroesquizofrenia española de la que habla el catedrático de Hidrología.

Regular lo hiperregulado

“Es irracional imponer una tarifa única del agua en España porque las realidades de cada territorio son distintas, pero sí debe existir un regulador nacional y en España no lo hay”, reclama Delacámara. Recuerda el investigador que esta figura funciona en Reino Unido y numerosos países de América Latina, “de los que Chile es el mejor ejemplo de éxito”, asegura. Portugal inspira a España por cercanía y similitud. El suyo es un modelo flexible que evalúa la calidad y el coste del servicio “en un semáforo de rojo, amarillo y verde que se hace público entre los prestadores, que anima la mejora de las condiciones, lo que en España se da de forma natural por la competencia entre operadores públicos y privados”, explica Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS).

¿Supervisor único es igual a vía libre a la privatización? La respuesta es Sí cuando se pregunta a ecologistas y defensores de un enfoque cívico en la gestión, un  rotundo No si contesta la industria. Abel La Calle, profesor de Derecho Internacional Público y director de la Fundación Nueva Cultura del Agua, desconfía de la petición. “El ciclo urbano del agua está en manos de multinacionales y empresas locales con vínculos en el exterior, es un mercado cautivo”, contextualiza. “Y un negocio seguro”, precisa. “Agua y cementerios son dos mercados magníficos”, dice, “todo el mundo bebe y todo el mundo muere”. Humor aparte, entiende que, cuando el sector reclama un regulador, “habla en realidad de una administración compartida público-privada”. A su juicio, la mejor forma de obtener un mayor alcance. “Una multinacional siempre va a desear que haya una ordenación que le permita un mercado más flexible”, remacha La Calle.

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