Ante la falta de respuesta de España, las autoridades comunitarias trasladaron esta semana su denuncia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Europa denuncia a España porque Canarias carece de planes de riesgo de inundación

Las administraciones públicas del Archipiélago no han presentado los informes sobre gestión preventiva, cuyo plazo venció en 2015, a pesar de exigirlo Bruselas hasta en dos ocasiones

Un artículo de MOISÉS GRILLO

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el pasado lunes la referencia de una demanda de la Comisión Europea (CE) contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplimiento de la Directiva de Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación (2007/60/CE) en Canarias, tal y como adelantó el periodista canario Víctor Rodríguez Gago en Europa Rup. La Comisión pide al Tribunal que declare que España “ha incumplido las obligaciones” de presentar los planes de gestión del riesgo de inundación de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, y de someter a consulta pública los mapas de peligrosidad y de riesgo de Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma.

España tenía que haber cumplido con estas disposiciones antes del 22 de diciembre de 2015, según la Directiva de 2007, por lo que en enero de 2019 la Comisión anunció que actuaría contra España ante el TJUE de Luxemburgo. La demanda se presentó, finalmente, el pasado 16 de mayo.

La Comisión solicita una condena en costas a España, sin que se especifique la cuantía de las mismas. Además, en el escrito presentado por los representantes de la CE E. Manhaeve y E. Sanfrutos Cano, en calidad de agentes, la Comisión sostiene que España ha incumplido “las obligaciones que le incumben” por el artículo 7, apartados 1 y 5, de la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, aprobada en octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, que dispone que los Estados miembros, basándose en los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación de las distintas zonas hidrográficas, presenten a la Comisión planes de gestión de cada una antes del 22 de diciembre de 2015. En el caso de Canarias, España no ha presentado el plan de ninguna isla.

Según la Comisión Europea, España también ha incumplido, en el caso de Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma, la obligación de abrir una fase de información y consulta pública de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), los mapas de peligrosidad y de riesgo, y los planes de gestión. La citada directiva obliga a los Estados miembros a fomentar “la participación activa de las partes interesadas en los planes de gestión del riesgo”.

De hecho, Bruselas decidió dirigirse a la Justicia europea tras constatar que, después de dos avisos previos, todavía no se han completado los planes de gestión del riesgo de inundación de las siete demarcaciones hidrográficas de Canarias.

Hay que precisar en este punto que en marzo de 2018 la Comisión Europea denunció además a España por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) sobre los planes hidrológicos de las cuencas de Canarias. Las obligaciones sobre los planes se recogen en la directiva sobre inundaciones, cuyo objeto es reducir y gestionar los riesgos que suponen las inundaciones para la salud humana, el medio ambiente, la actividad económica y el patrimonio cultural. Según esa normativa, los Estados miembros debían finalizar y publicar sus planes de gestión del riesgo de inundación y notificarlos a la Comisión el 22 de marzo de 2016 a más tardar.

A pesar del apercibimiento, el Gobierno de Canarias inició un proceso de “tutorización” y “asesoramiento técnico” a los cabildos para intentar acelerar el procedimiento y facilitar a las instituciones insulares y que su aprobación “culminase lo antes posible”. Según fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS, a excepción de los consejos insulares de Tenerife y Gran Canaria, el resto de las islas casi no cuenta con personal para realizar los citados informes, de ahí la tutorización pretendida por el Gobierno autonómico que, de momento, no ha surtido efecto.

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