España debe hacer frente a un reguero de infracciones europeas por los fallos prolongados en la gestión del agua

El recién abierto expediente por contaminación por nitratos provenientes de las granjas ganaderas lleva a cinco los casos en curso por incumplir la legislación 

Las infracciones, fruto de «cierta desidia» según el experto Gonzalo de la Cámara, abarcan tratamiento, calidad de agua de consumo, planificación o gestión de inundaciones 

Solo se han ejecutado el 41% de las acciones calificadas como básicas en los planes de cuenca ahora vigentes

La mala gestión del agua en España durante años está aflorando en forma de reguero de infracciones abiertas en la Unión Europea. El último episodio llegó el pasado 9 de noviembre con un expediente por la contaminación por nitratos provenientes de las explotaciones ganaderas que llegan a los cursos de agua. Así, Bruselas mantiene cinco procesos sancionadores contra España a lo que hay que añadir una multa por depuración deficiente que acumula 11 millones de euros cada semestre desde julio pasado (hasta que se solucione el problema).

Los casos abarcan un amplio espectro de fallos: el tratamiento de aguas residuales urbanas en diferentes poblaciones, los planes de riesgo de inundaciones en las Islas Canarias, el control adecuado de la calidad del agua destinada al consumo humano o la ausencia de planes de cuenca de Canarias que ya ha llegado al Tribunal Europeo de Justicia.

«Estamos pagando la desidia de años anteriores. Se sanciona por cosas mal hechas hace años y se generarán más sanciones en el futuro si no se actúa ahora», explica el economista especializado en gestión del agua, Gonzalo de la Cámara. Y añade un problema: «Las inversiones necesarias para solventar el problema tienen efectos a largo plazo».

Según su criterio, la depuración es «sin duda una de las prioridades que hay que abordar» no solo para ajustarse a la legislación sino porque «solo el 30% de los municipios aplican un tratamiento avanzado a sus aguas residuales que da la oportunidad de usar líquido regenerado», una fuente nada desdeñable en el contexto de  escasez creciente de recursos vinculada al cambio climático.

Multa sin escapatoria

En este sentido, el Gobierno ha diseñado un plan de choque, «con lo mas urgente», para intentar detener la hemorragia de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que en julio pasado condenó a España por la deficiente depuración del agua en nueve poblaciones. Los jueces ya habían condenado a España por esto en 2011 y dieron un nuevo plazo para solventar la situación que no se cumplió. Ahora, cada día se acumulan 60.000 euros de sanción. Los 11 millones que se certificarán al acabar este año no hay manera de eludirlos, admiten en Transición Ecológica, por los plazos de adjudicación y ejecución de obras, explican.

La «desidia» de la que hablaba De la Cámara, se materializa en el retraso en el cumplimiento de las medidas recogidas en los planes hidrológicos. De las 4.376 actuaciones calificadas como básicas en materia de aguas, se ha ejecutado el 41% (1.794), según contabiliza el Ministerio en su borrador de Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización recién redactado. El plan trata, básicamente, de decidir qué hacer antes y cómo pagarlo. «La voluntad política parece que está, pero ¿los recursos?» Se pregunta el economista De la Cámara con cierto tono pesimista ante la situación fiscal que no permite alharacas presupuestarias.

 

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