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El sector del agua anima a establecer un regulador en la próxima legislatura

eco1El próximo diciembre nuestro país afronta un nuevo proceso electoral que dará pie a una nueva legislatura; se espera que sea la de la recuperación. Las principales patronales y asociaciones de los sectores del agua y el medio ambiente aprovechan este momento para transmitir al futuro Gobierno español sus planteamientos, propuestas y demandas con el objetivo de coordinar y mejorar los niveles de prestación de los servicios públicos. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Agua y Medio Ambiente

 “La máxima prioridad habría que ponerla en el esfuerzo inversor sostenido para renovar el gran patrimonio en infraestructuras y equipamientos que tenemos en España, que tras muchos años sin los adecuados presupuestos, está envejeciendo, con el consiguiente riesgo de perder los actuales niveles de calidad de servicios de abastecimiento y saneamiento. Sin olvidar que tenemos que invertir en obra nueva por la obligación de terminar de dotarnos de las instalaciones de depuración de aguas residuales, imprescindibles para proteger y mejorar las condiciones ambientales de nuestro dominio público acuático. Dadas las condiciones de control y limitación de la deuda pública y la coyuntura económico-financiera, es preciso progresar en los mecanismos de colaboración público-privada para cumplir dichos objetivos”. Así se expresa el presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Aeas), Fernando Morcillo, que abunda en la necesidad de avanzar en la “recuperación de costes” en los servicios de agua urbana, apoyándose en los mecanismos tarifarios, “donde la progresividad del precio respecto del consumo asegura una mejor distribución de los esfuerzos del ciudadano y un consumo responsable de este recurso escaso”.

Tres propósitos

Para lograr estos propósitos, Aeas aconseja al nuevo Ejecutivo “el establecimiento de un regulador general cuyo objetivo debe ser el de armonizar los niveles de prestación de los servicios, las estructuras tarifarias y la transparencia, buscando siempre la eficiencia en el desempeño de estos servicios públicos”. En estos tres propósitos: incremento de la inversión, creación de un organismo regulador y fomento de la colaboración público-privada, estableciendo los mecanismos y garantías precisas, coinciden a una todos los responsables de las patronales y empresas de gestión del agua. “Sería ideal que estas tres demandas genéricas se englobaran en un pacto político entre los diferentes partidos, tantas veces demandado por el sector, en el que habría que añadir el impulso a la tecnología y a la innovación, imprescindible para progresar y consolidar el liderazgo de nuestro sector público y empresarial a nivel mundial -gobernanza, ingeniería, construcción y prestación de servicios enfocados al progreso y a la sostenibilidad de la sociedad humana-“, concluye Morcillo.

Asagua, por boca de su director general, Antolín Aldonza, le pide al nuevo Gobierno, el que sea, “que saque al sector del agua del tabuco en el que lo han encerrado y que recuerde, a todos los efectos, que el contratista es un colaborador necesario de la Administración, que lo trate como tal, que no en vano ha ayudado a levantar el patrimonio hidráulico de España y de otros países, y ahora es parte esencial de la Marca España”. Asagua “alumbraría, entre otros, un plan de calidad de las aguas del ciclo urbano que incluyera las actuaciones necesarias en obras, servicios y conservación, y lo dotaría de los recursos necesarios; promulgaría una ley de contratos eficaz que incluyera la colaboración público-privada, con lo que resolvería el problema de las competencias y con ello haría efectivas la igualdad y la solidaridad, garantizando agua buena para todos sin grandes diferencias en precios”.

José Carbonell, presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), incide en que “tal y como exige la Directiva Marco del Agua, en la recuperación de costes, tanto financieros como medioambientales, debería regir la actualización de precios en los servicios de agua urbana para que el servicio sea sostenible”.

La Asociación para la Defensa de la Calidad del Agua (Adecagua), que preside Manuel Suárez Novoa, considera que la representación del agua dentro de la Administración del Estado “está claramente por debajo del valor que este elemento tiene para el país, y a partir de este hecho también lo están los órganos que gestionan la calidad del agua”, por lo que propone “que se incremente el nivel administrativo del órgano que gestiona el agua, elevándolo a una Secretaría de Estado y que ésta no esté en un Ministerio con grandes consumidores de agua”.

Las patronales de los sectores siderúrgico, papelero y pesquero, muy implicados en la protección del medio ambiente, demandan al nuevo Gobierno que se reconozcan los esfuerzos de la industria española en materia de sostenibilidad, promoviendo los mercados de materias primas procedentes de reciclado; clarificando la regulación relativa a las energías renovables para que se fomente, en lugar de penalizar, su desarrollo; estableciendo un precio de la energía que sea competitivo con respecto a los países de nuestro entorno, y poniendo los medios precisos para que las estrictas reglas del juego que mandan en Europa no penalicen la competitividad de nuestros sectores frente a los de terceros países.

Fuente: http://www.eleconomista.es/