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Agua para una economía cada vez más sedienta

El cambio climático obliga a replantearse el uso del recurso en una España históricamente seca

Si el agua es dinero, España nunca ha sido un país rico; es más, es cada vez más pobre, debido al cambio climático. Los datos del Centro de Estudios y de Experimentación en Obras Públicas (CEDEX) estiman una reducción de la capacidad de recarga de los acuíferos españoles (es decir, cuánto la lluvia es capaz de reponer el agua que se retira de ellos) de un 8% hasta 2040 y hasta un 27% hasta 2100. El estrés hídrico (el cociente entre los recursos utilizados y el total disponible a largo plazo) es uno de los mayores de la Unión Europea, solo por detrás de pequeñas naciones insulares como Chipre y Malta.

El problema no solo es medioambiental. España genera la mayor parte de su producto interior bruto en regiones históricamente secas, especialmente en el litoral mediterráneo y las islas. “El crecimiento económico es un negocio sorprendentemente sediento”, explicaba un reciente informe del Banco Mundial sobre el futuro de la economía del agua, que estimaba que en determinadas regiones del planeta la falta del líquido sobre la economía puede tener un impacto sobre el crecimiento equivalente a un 6% del PIB. El cambio climático y sus potenciales efectos sobre los ciclos del agua en todo el globo no han hecho sino acelerar esa preocupación.

En 2007, un estudio del Ministerio de Medio Ambiente estimaba que cada metro cúbico de agua que se entregaba a los sectores económicos españoles aportaba 27,50 euros de valor añadido. En 2015, los negocios que más recurren al líquido elemento representaron un 22,7% del PIB y más de un tercio de las exportaciones. En la última Encuesta de Población Activa, uno de cada cinco españoles ocupados lo estaba en un sector intensivo en agua.

Según Carlos Mario Gómez, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) y coautor del estudio de 2007, la propia legislación europea de aguas tuvo que adaptarse a las circunstancias españolas. “Estaba hecha en función de las demandas del norte de Europa, donde los problemas son de calidad”, recuerda. “Los problemas de sequía se incluyeron más tarde”. Esa legislación, la Directiva Marco del Agua, fue aprobada en 2000 y sus efectos se extenderán alrededor de otros diez años más.

Lo siguiente es saber quién y cómo va a pagar por ello. La directiva ha impulsado un polémico modelo basado en que los usuarios han de cubrir los costes ambientales, de captación y depuración del agua, basado en el principio de “quien contamina paga”. El problema en España, según los expertos, es que el país ya tiene las infraestructuras hídricas necesarias para cumplir con muchos de los objetivos de la directiva, pero no lo hace por no cargar a los consumidores con los costes, tal y como obliga Bruselas. “España podría recoger el 99% de las aguas residuales y dar tratamiento al 82%”, calcula Gonzalo Delacámara, coordinador de Economía del Agua de IMDEA y director académico del Foro de la Economía del Agua. “En la práctica, solo se hace con uno de cada tres metros cúbicos. Todo esto ya nos está suponiendo sanciones”. En 2015, la Comisión Europea demandó a España por no cumplir la directiva de depuración en siete puntos “sensibles”: cinco en Cataluña, uno en Andalucía y otro en Galicia.

 

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