Adaptar el ciclo del agua al cambio climático requiere minorar el déficit del 80% en inversión infraestructural
Amelia Pérez Zabaleta , directora de la Cátedra Aquae de Economía del Agua, impulsada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Aquae, analiza las medidas del Pacto Nacional del Agua de Francia y sus posibilidades de implantación en España.
Recientemente hemos conocido el Pacto Nacional del Agua alcanzado en Francia para adaptar la gestión del ciclo integral del agua al cambio climático. Un plan que, tras ser debatido por todos los agentes sectoriales y sociopolíticos implicados en la gestión de los recursos hídricos galos, se centra en 23 medidas concretas de adaptación con una partida presupuestaria de 5.100 millones de euros. Para España, uno de los países europeos más expuesto a las consecuencias del cambio climático, es necesario contar con inversión en renovación de infraestructuras, con el fin de mejorar su eficiencia y garantizar su adecuado funcionamiento presente y futuro.
En este sentido, en la Cátedra Aquae de Economía del agua, junto con la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, AEAS, hemos elaborado un informe sobre el “Análisis de las necesidades de inversión en renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua”.
Ese informe cuantifica que las necesidades de inversión total anual para renovación de redes e infraestructuras del ciclo urbano del agua en España se sitúan entre los 2.221 y los 3.858 millones de euros anuales; una cantidad a la que habría que sumar la renovación de infraestructuras de agua en alta y la obra nueva.
Según datos de AEAS (Estudio Nacional de 2014), los operadores están invirtiendo, con cargo a tarifas, 585 millones de euros anuales en renovación de infraestructuras, y otros 791 millones en obra nueva.
Esto implica que se está generando un déficit de entre un 70% y un 80% sobre las necesidades calculadas en este estudio de inversión infraestructural.
En cuanto al principio recuperación de costes, que en Francia alcanza el 86%, una cantidad muy cercana al objetivo marcado en la Directiva Marco del Agua del 90%, España tiene mucho que avanzar ya que apenas un 60% de la recaudación de las tarifas se destina a las inversiones de la política del agua.
Y en este sentido, resaltar que dicho principio requiere la recuperación no solo de los costes de operación y mantenimiento, sino también de los costes de renovación de las infraestructuras y del coste de escasez del recurso (coste de oportunidad).
Para ello, es fundamental disponer de unas tarifas del agua bien diseñadas, que fomenten un uso eficiente del recurso. Las tarifas del agua no deben verse solo como una cuestión financiera de viabilidad en la prestación del servicio, sino que son un elemento fundamental para fomentar su uso racional.
Es decir, una tarifas bien diseñas que reflejen el verdadero coste del agua (incluyendo su escasez) incentivarán a los usuarios a ajustar su demanda a dicha situación.
El uso de tarifas en bloques, que penalizan los consumos excesivos, que está ampliamente generalizado en nuestro país, ha demostrado ser una de las medidas más efectivas.
Algunas de las propuestas francesas, como las tarifas estacionales, tampoco son nuevas. De hecho, en España ya se están utilizando en algunos municipios, como es el caso de Madrid.