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Manuel Martínez: «Tenerife necesita 500 millones para alcantarillado y hay que prohibir por ley los pozos negros»

  • El consejero insular de Aguas, del PSOE, defiende que, «si en la sanción por Valle de Guerra es el Gobierno canario el que pagará la multa europea, no hay razón para que con Güímar recaiga la mitad en el Cabildo de Tenerife»
  • Manuel Martínez asegura que «la construcción de la depuradora para aguas del polígono industrial de Güímar está pendiente de un informe de Costas, que será favorable, y de otro del Gobierno canario»
  • «Canarias no le ha dado la importancia que tiene a la Directiva Marco del Agua, que está desde 1991 y se traspone al sistema jurídico español en 1996. Tenía que cumplirse de forma obligatoria entre los años 2003 y 2005»

El consejero de Aguas en el Cabildo de Tenerife, Manuel Martínez (PSOE), sabe, por su profesión, lo que es dirigirla construcción de una red de saneamiento y pluviales (lo hizo en El Médano, municipio de Granadilla), reutilizar aguas depuradas para riego (se encargó de la red de Santa Cruz) y encauzar un barranco (como el de Cha Joaquina, en Granadilla). Precisamente son estas las materias con las que tiene que lidiar cada día al frente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF).

Nacido en La Laguna en 1974, Manuel Fernando Martínez es arquitecto técnico por la Universidad de La Laguna e ingeniero de la edificación por lade Nebrija. Comenzó en política con su actual partido, el PSOE, entonces como concejal en el Ayuntamiento de El Rosario.

En esta entrevista, Martínez demuestra tener muchos calderos al fuego, porque la isla está que arde con problemas de saneamiento y depuración de aguas residuales. La solución es construir estaciones de bombeo y depuradoras (como la que está en marcha en el Valle de Güímar, una EDAR), con una sentencia y multas de la Justicia europea en los talones; montar redes de alcantarillado (advierte de que hacen falta 500 millones de euros de inversión pública en todo Tenerife para ese fin), y prohibir los pozos negros en las viviendas, para lo cual defiende que el Parlamento canario cambie la actual Ley del Suelo.

Con la Justicia penal también acechando a las administraciones públicas por los vertidos al mar desde el polígono industrial de Güímar, el consejero insular confía en que la estación depuradora de aguas residuales industriales (EDARI) resolverá el problema: solo faltan los informes de Costas y de la Viceconsejería de Medio Ambiente para licitar su construcción.

¿Cómo va la adaptación del Plan Hidrológico de Tenerife a la normativa europea, un asunto que puede suponer sanciones para España?

Está aprobado el de Tenerife [de segundo ciclo], y llegamos a fin de año y no sabemos qué va pasar. La Comisión Europea establecía un plazo para adaptarlos a la Directiva Marco del Agua. El primer ciclo era en 2009, y de 2015 a 2021, el segundo. Aquel año fue cuando se aprobó el primer ciclo del plan de Tenerife, la única isla que lo tuvo por el procedimiento ordinario. El restode las islas lo tuvieron que aprobar por el artículo 47, o sea, con carácter de urgencia. A raíz de este procedimiento empezamos con el segundo ciclo. Europa vio que había un retraso y obligó a que los cabildos cedieran las competencias específicas para este trámite al Gobierno de Canarias, que ahora tiene en sus manos finalizarlo [los de segundo ciclo ya los tiene todos aprobados salvo el de Gran Canaria].  Si no se completa en las siete islas, puede haber sanciones o bloqueos de fondos europeos.

 

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