Los propietarios del agua acusan al Cabildo de tratar de intervenir sus pozos y galerías

El sector, que aglutina a 30.000 accionistas que manejan el 88% del líquido que se consume en la Isla, denuncia que la Corporación pretende actuar sobre las conducciones “como si fueran públicas”

La Cámara Insular de Aguas de Tenerife, integrada por casi la totalidad de los 30.000 titulares de acciones de este bien en la Isla, acusa al Cabildo de intentar intervenir sus galerías y pozos a través del futuro Plan Hidrológico, que según las previsiones será aprobado inicialmente en el pleno del presente mes de la Corporación insular. El presidente de este organismo, Felipe González, denunció ayer que la Institución ha desarrollado el documento “a espaldas del sector privado” y sin invitarlo a participar en su elaboración a pesar de que el 88% de las aguas subterráneas de la Isla están en sus manos, y el problema es que pretende actuar “sobre las conducciones como si fueran de dominio público”.

El representante del sector, responsable a su vez del 85% de las aguas potables en uso de la Isla, quiso dejar claro ayer que “no es un rechazo frontal” a la planificación realizada por el Consejo Insular de Aguas (Ciaft), dependiente del Cabildo, pero sí entiende que “muchas soluciones” que se plantea la Corporación insular “son malas para el suministro y la sociedad, y no por interés personal”.

Uno de los puntos que más trae de cabeza a la Cámara es el que establece el uso y aprovechamiento de los canales. Felipe González señaló que lo que se pretende a través del Plan Hidrológico es “obligar a los titulares a hacerse cargo de la potabilización del agua cuando ésta no cuenta con una calidad adecuada”. Como ejemplo, explicó que el suministro puede salir de La Guancha y llegar a Santa Cruz por el canal. A lo largo de ese recorrido “entra y sale” abasto con diferentes características, lo que hace que cuando llegue mezclada a su destino para el uso de los vecinos.

Lo que establece el documento es que “el agua de mala calidad no entre en el canal o, que si lo hace, tendremos que potabilizarla nosotros en la puerta”. Uno de los problemas de este apartado es que “habrá canales que dejen de funcionar desde que se suprima la mezcla porque no podremos pasar agua de riego y domiciliaria por el mismo sitio”. Lo que dice el Ciaft es que el suministro “tiene que mejorar en origen”, de ahí que Felipe González indique que para que sea así se obliga a los titulares a hacerla bebible, “y eso no es factible”.

Defendió que la Unión Europea (UE) fija que “el responsable” de mejorar cualidad del suministro “no es el que la transporta, sino el que la gestiona”. Por el contrario, el sector privado criticó que lo que pretende el Plan Hidrológico es obligar a “desalinizarla y tenerla en condiciones cuando de la galería sin calidad para abastecer o regadío”, pero “por qué tenemos que poner la planta; hay que hacerlo al final del proceso, como exige la UE”, determinó Felipe González. De acuerdo a la inversión privada que supondría, “no se podría” separar ni mejorar, así que la de mala calidad “se tendría que tirar, pero la ley tampoco lo permite y además se necesita toda”, resaltó.

Ante esta situación, advirtió de que de seguirse adelante con esta idea “parece que los canales serían de la administración pública porque serían imposible de mantener”. La el presidente de la Cámara criticó que este tipo de infraestructuras tienen que ser públicas y lo que el Cabildo pretende con este documento es “condenar al que alumbra el agua o someterlo a los criterios” de las corporaciones.

Aunque el Ciaft ha dicho que modificará este punto, según detalló el representante del sector privado, persiste “el aspecto esencial”. A este aspecto se suman otros que tampoco convencen al sector, como las otras inversiones que recoge la planificación para mejorar la información, pero para ello obliga a poner “contadores, hacer controles, modificar la estructura organizativa…”, es decir, “una burocracia” que termina siendo, en opinión de la Cámara, una “maraña”.

Para hacer frente a todas estas acciones, Felipe González añadió que mientras la inversión pública se ha reducido a la mitad, la nueva planificación exigirá al sector privado “el doble”, y “serán muy difíciles” de realizar. Ante esta situación, el organismo, recientemente reestructurado, se reunió ayer para establecer la hoja de ruta a llevar a cabo porque “estas medidas no tienen justificación”.
El presidente de la Cámara subrayó además que lo que piden los propietarios no es cambiar el documento en sí, “sino modificar algunas cosas y negociar”, y recordó que el sector ha garantizado durante décadas el interés general porque no olvida la esencialidad del agua para la vida.

Para suministro caro, “el de la administración”

La Cámara Insular de Aguas de Tenerife, que representa desde 1970 a 30.000 accionistas del sector, defendió ayer que, “para suministro caro, el de la administración pública”. El presidente de la organización, Felipe González, reconoció que los propietarios han aguantado serias críticas sobre el coste que aplican, pero aseguró que el precio se ha subido la mitad de lo que lo ha hecho la pública y que el de ellos no alcanza el 50% del IPC desde hace años.

Es consciente de que “el silencio” que ha mantenido el sector le ha “perjudicado”, pero esta actitud ha sido porque “somos responsables y respetamos los acuerdos pactados en 1990”, cuando se consensuaron cambios normativos. “Tenemos la conciencia tranquila”, añadió.

El representante del sector en la Isla recordó que la ley estipula que “el dueño dispone del agua como quiere”, así que “el propietario, que invierte su dinero” para poder explotar el abasto, “tiene derecho a decidir que se hace con ella”. Sin embargo, la Cámara sabe “que primero está el ciudadano”, además de que “hemos colaborado en acuerdos importantes sin pensar en nosotros y somos conscientes de que todo se transforma”, agregó.




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