La deficiente gestión de las aguas residuales en Tenerife, motivo de una sanción a España
La multa que propone la Comisión al Tribunal de Justicia también afecta a otras aglomeraciones urbanas, pero incluye la comarca lagunera del Noreste y Valle de Güímar, donde, cinco años después del primer aviso (2011), siguen los problemas
La Comisión Europea ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que multe a España por su “deficiente” recogida y tratamiento de las aguas residuales en 17 núcleos urbanos, entre ellos dos de Tenerife pertenecientes a las comarcas Noreste y del Valle de Güímar, informó este jueves el Ejecutivo comunitario.
Además, la Comisión considera necesario el reenvío del caso al tribunal comunitario, “dado el deficiente progreso registrado hasta la fecha” en las localidades andaluzas Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate, la asturiana Gijón Este y las gallegas Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira- Ribeira y Vigo.
Tampoco cumplen con la legislación de la Unión Europea las aglomeraciones valencianas de Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraira, así como las tinerfeñas de la comarca Noreste (Valle Guerra) y del Valle de Güímar.
En una sentencia de abril de 2011, ese tribunal dictaminó que las autoridades españolas infringían la legislación comunitaria “al no recoger y tratar adecuadamente las aguas residuales urbanas” vertidas en 37 ciudades y urbanizaciones. Cinco años después, España no ha adoptado soluciones en 17 de esas poblaciones, donde viven 1,4 millones de personas, por lo que el Ejecutivo comunitario reenvía al país ante la institución judicial y propone imponer con fecha actual una multa a tanto alzado de 46,5 millones de euros.
Bruselas también plantea una multa diaria de 171.217 euros si no se logra el pleno cumplimiento de la sentencia para cuando el Tribunal dicte su segunda resolución.
Las sanciones propuestas tendrían en cuenta “la duración de la infracción, su gravedad y el tamaño del Estado miembro”, si bien la decisión definitiva sobre estas corresponde al Tribunal de Justicia de la UE, precisó en un comunicado la Comisión Europea.
Bruselas insistió en que las autoridades autonómicas deben garantizar que las aguas residuales urbanas sean “debidamente recogidas y tratadas”, con el objetivo de prevenir “riesgos graves para la salud humana y el medio ambiente”.
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