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El sector agrario exige transferir el dinero del agua vía real decreto

Las organizaciones agrarias del Archipiélago han decidido dar «un paso más» para tratar de que el Estado transfiera a los agricultores los 8 millones de euros dirigidos a compensar al sector el sobrecoste que acarrea en Canarias la obtención de agua para el riego. Aunque la tarea se antoja difícil -como reconoció ayer la presidenta de Asaga, Ángela Delgado-, los agricultores plantearán de nuevo sus reclamaciones mediante la presentación de mociones en todos los cabildos y reuniones con los diputados canarios.

Representantes de Asaga (Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias), COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) y el Consorcio de Regantes del Noreste de Gran Canaria sostuvieron ayer -durante la presentación del texto que trasladarán a las corporaciones insulares- que la transferencia del dinero -contemplado en los presupuestos generales del Estado de 2018- es posible si existe voluntad política. «Que no se nos venda que no pueden. Si quieren, pueden», sentenció Delgado.

La fórmula que proponen estas organizaciones -a las que se han unido otras como Palca o Agragua- es la aprobación de un real decreto, una medida para la que aún hay tiempo, recalcó la presidenta de Asaga.

El sector primario advirtió de nuevo de las consecuencias que tendría que finalmente no llegaran los fondos comprometidos. Sus representantes recordaron, en este sentido, que obtener agua para el riego en las Islas -mediante elevación desde pozos y galerías o desalación- es considerablemente más caro que en la Península. El coste mínimo por metro cúbico en Canarias es del 60 céntimos -aunque puede superar el euro-, frente a los 30 de media en el resto del territorio nacional.

Como un impacto añadido del incumplimiento por parte del Estado, las organizaciones agrarias se refirieron a las inversiones que han realizado en proyectos de mejora al tener la perspectiva de recibir los 6 millones de 2017, que sí se transfirieron, y los 8 del año siguiente, todavía pendientes. La inseguridad que impera actualmente «está provocando la suspensión de varios de esos proyectos», aseguraron, «lo que significa que, de no ejecutarse, las economías familiares de los agricultores se verían gravemente perjudicadas, ya que tendrían que devolver subvenciones ya adjudicadas». «Por ahora los perjuicios no son cuantificables, pero lo serán en el caso de que el dinero no llegue», apuntó Julian Melián, del Consorcio de Regantes del Noreste de Gran Canarias.

 

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