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Canarias insta al Estado a hablar «ya» del agua de riego de 2019

El real decreto contempla el pago anticipado de los ocho millones Narvay Quintero: «Se ha ganado una batalla» El sector decide mañana si mantiene las movilizaciones.

La publicación, ayer, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto que regula la subvención de 8 millones de euros para compensar el sobrecoste de la desalación y extracción de agua destinada al agua de riego en Canarias despeja algunas dudas del sector y del Gobierno regional, pero no termina con las reivindicaciones de los profesionales y el Ejecutivo.

«El sector primario y las instituciones canarias han ganado una batalla», celebró el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, para quien, sin embargo, «no hay que perder de vista el resto del REF agrario». De hecho, Quintero emplazó al Gobierno central a hablar «ya» de los 8 millones de euros correspondientes a 2019, que, pese a no haber sido incluidos en el proyecto de presupuestos del Estado de este año, vuelven a ser de obligado cumplimiento, a juicio de Canarias, al prorrogarse las cuentas de 2018.

El texto recogido en el BOE aclara que la partida que será transferida es la de 2018. Además, especifica que se abonará con carácter anticipado, al igual que ocurrió en 2017 y al contrario de lo previsto en el borrador de real decreto, al que presentaron alegaciones las organizaciones agrarias del Archipiélago. La Consejería de Agricultura del Gobierno autonómico aseguró ayer que en las últimas semanas ha acelerado la elaboración de la convocatoria con el objetivo de que los destinatarios finales de los fondos los reciban lo antes posible.

Los colectivos agrarios -encabezados por la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga)- decidirán mañana si desconvocan las manifestaciones fijadas para el próximo viernes, tal y como ha pedido el propio secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, que sostiene que la movilización «ya no tiene sentido». Sin embargo, el sector ha advertido de que los 8 millones del agua son solo una parte de los incumplimientos en que ha incurrido el Ejecutivo central.

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